La práctica del aborto voluntario es, como
dice el Concilio Vaticano II, un "crimen abominable"1.
Algunos, en cambio, han llegado hoy a pensar que abortar es un derecho. Es
muy preocupante esta confusión del bien y el mal. Todos somos pecadores y
hemos de acogernos a la misericordia de Dios. Pero es particularmente grave
que no sepamos distinguir entre lo que nos hace virtuosos y lo que nos hace
injustos.
La Iglesia no quiere dejar de alzar su voz para
desenmascarar el mal y para defender los verdaderos derechos del hombre, en
particular el derecho a la vida. No decimos hoy nada sustancialmente nuevo
sobre el aborto. Recordamos la doctrina de siempre aplicándola a ciertos
fármacos abortivos que podrían camuflar todavía más la tragedia moral del
aborto.
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La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad
el 26 de noviembre de 1997 una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a
facilitar en determinadas condiciones la utilización del fármaco RU-486. Con
el debido respeto a nuestros representantes políticos, tenemos la obligación
de denunciar esta decisión. Resulta incomprensible que una Comisión de
Sanidad haga propuestas gravemente lesivas de la vida humana. La píldora
RU-486 no se utiliza para curar ninguna enfermedad. Su finalidad es eliminar
vidas humanas inocentes en las primeras semanas de su existencia. Es un
fármaco abortivo.
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Esperamos, pues, que el Gobierno no tome ninguna medida que contribuya
todavía más al deterioro del aprecio y respeto a la vida humana que ya
padece nuestra sociedad. Regular el uso de la RU-486 sería dar otro paso en
la abdicación de la gravísima obligación que incumbe al Estado de proteger
el derecho fundamental a la vida frente a quienes violan la ley natural y
divina que prohibe matar. Hay que recordar que "los gobernantes tienen como
deber principal (...) mantener eficazmente la integridad de los derechos de
todos y restablecerla en caso de haber sido violada."
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3. En todo caso, queremos
recordar que el recurso a un fármaco abortivo, como la píldora RU-486, es
tan inmoral como el recurso al aborto por medios quirúrgicos. Cambia el modo
en el que se ejecuta la acción, pero el objeto moral de la misma es, en
ambos casos, idéntico: la eliminación de una vida humana inocente. El crimen
no se perpetra con arma blanca, pero sí por medio de una química letal.
III.
PROBLEMAS ÉTICOS PROPIOS DE LA PÍLDORA ABORTIVA4. La píldora abortiva, aunque
no esté exenta de riesgos, incluso graves, para la salud de la madre,
permite que el aborto sea ejecutado de un modo menos traumático y más
discreto. Es verdad que la RU-486 podría ahorrar ciertas incomodidades, pero
en modo alguno evitaría el mal moral del aborto. Al contrario, las
circunstancias más favorables, que parecen facilitar las cosas, traen
consigo nuevos problemas éticos que es necesario tener en cuenta.
5. Al resultar más sencillo el
procedimiento, podría acentuarse la falsa impresión, por desgracia ya
bastante difundida, de que el aborto es un "asunto privado" que concierne en
exclusiva a la madre y, sólo muy secundariamente, a las personas y
facultativos que la asistan. Pero no se debe olvidar que también el padre,
la sociedad entera y, sobre todo, el ser humano víctima del aborto están
implicados en éste. La píldora abortiva podrá camuflar el aborto, pero no
despojarlo de su carácter de crimen ni de las graves implicaciones sociales
y públicas que todo crimen comporta.
6. Otro efecto negativo de este
procedimiento abortivo más sencillo sería que los médicos y el personal
sanitario se sintieran menos seguros de su obligación moral de no cooperar a
la realización de ningún aborto. Hay que recordar que la objeción de
conciencia seguiría siendo aquí tan necesaria como en el caso del aborto
quirúrgico. Aunque la intervención facultativa sea mucho menos visible e
incluso llegue a reducirse a firmar una receta, seguirá tratándose de una
cooperación directa a este crimen, que podría hacer incurrir a quien la
prestara en la pena de excomunión.37. Por lo que toca a las
implicaciones legales, la regulación del uso de fármacos abortivos iría, sin
duda, acompañada de un fraude de ley aún mayor del que ya se viene
produciendo en la aplicación de la legislación sobre el aborto. La ejecución
más discreta y sencilla del aborto eliminaría muchos de los controles
objetivos que la práctica quirúrgica del mismo lleva consigo. De este modo,
no sólo resultará aún más fácil recurrir injustificadamente al tercer
supuesto de despenalización sin llamar la atención, sino que se tenderá
también a hacer caso omiso de todo supuesto legal.
IV.
LLAMADOS DE NUEVO A ACOGER Y RESPETAR A LOS HIJOS
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La utilización legal de píldoras abortivas supondría un grave paso adelante
en la difusión de esa mentalidad aberrante que considera un logro higiénico
y político el llamado "derecho al aborto", es decir, a disponer de un modo
"seguro" y voluntario de la vida de los hijos que todavía no han nacido.
Abre, por tanto, el paso a nuevos crímenes y a una contaminación mayor de
nuestro modo de vida por la "cultura abortista"4.
Llamamos de nuevo a los católicos y a todos los amantes del ser humano y de
la vida a oponerse sin vacilar a esta cultura mortífera.
9. La actual legislación sobre
el aborto es injusta porque deja sin la tutela necesaria la vida de los no
nacidos. Si, como algunos grupos políticos pretenden, se llegara a incluir
entre los supuestos de despenalización el llamado cuarto supuesto, el Estado
renunciaría prácticamente por completo a su obligación de tutelar la vida de
los niños no nacidos. La inmoralidad aún más radical de esa legislación
sería evidente. Cuando en 1994 se intentaba también introducir ese cuarto
supuesto, advertíamos además de la posible inconstitucionalidad de esa
legislación. Recomendamos la lectura de aquella Declaración que ha vuelto de
nuevo a ser de triste actualidad.510. "Nuestro rechazo público no
va contra las mujeres tentadas de abortar ante las dificultades reales de su
vida o movidas por un ambiente cada vez más insensible a lo que el aborto es
en realidad"6. Sin restar nada a la gravísima injusticia
del aborto, la Iglesia comprende a las que ya han recurrido a él, pues "no
duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso
dramática"7.
Pero tenemos que denunciar el crimen y, en particular, a quienes lo
favorecen por medio de medidas legislativas o administrativas que dejan
desprotegida la vida de los inocentes e inducen a los ciudadanos a pensar
que el aborto no está tan mal o incluso que es un derecho. La injusta
legislación actual debe ser modificada, pero no para hacerla aún más
injusta, sino protectora de derechos fundamentales que hoy se están violando
impunemente.
11. Hay que proporcionar a las
madres tentadas de abortar los apoyos necesarios para que eviten una acción
tan grave contra sus hijos que, además, no va a dejar de causarles a ellas
graves problemas y traumas. El uso de píldoras abortivas sería un camino
equivocado. Las hundiría más en la miseria moral del aborto. Hay que
ayudarlas a acoger a sus hijos, no a eliminarlos. Hay que ayudarlas a
criarlos y educarlos cuando tengan dificultades económicas o de otro tipo. Y
hay que facilitarles dar a sus hijos en adopción cuando lo deseen. Son miles
las familias españolas dispuestas a acogerlos con cariño y dedicación, deseo
entorpecido no pocas veces por procedimientos legales demasiado complejos
que hay que agilizar.
12. Estamos convencidos de que
la aceptación social del aborto es uno de los mayores signos de inhumanidad
y de decadencia moral de nuestra sociedad. Por eso hemos hablado en diversas
ocasiones en contra de este fenómeno tan preocupante 8. No
porque tengamos algo contra la verdadera libertad, sino porque estamos
contra la injusticia, contra la "ley del más fuerte", y a favor de la vida
de los hombres, que es la gloria de Dios. Quebrantar el mandato divino: "no
matarás" (Ex 20, 13) y contravenir la ley natural que nos pide respetar la
vida humana no es en realidad actuar con libertad, sino con un gravísimo
despotismo sobre los hermanos que esclaviza a quienes así actúan.
NOTAS FINALES
1.- Const. Gaudium et spes, 51.
2.- JUAN XXIII, Enc. Pacem in terris, 62. Cf.
LXV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instr. past.
Moral y sociedad democrática, BOCEE 50 (19-IV-1996). Allí se dice que
"el que una ley haya sido establecida por mayoría o incluso por consenso, no
basta para legitimarla. La Iglesia ha defendido siempre que la autoridad
necesaria para legislar y gobernar procede más bien de su ejercicio según la
recta razón" (27).
3.- "Quien procura el aborto, si éste se produce,
incurre en excomunión latae sententiae" (CIC 1398)
4.- JUAN PABLO II, Enc. Evangelium Vitae, 13.
5.- COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA, Declaración Sobre la proyectada nueva "Ley del aborto" (22-IX-1994),
en BOCEE 44 (21-XI-1994) 159-161; en Editorial EDICE, nº 20 y en Ecclesia
2704 (1-X-1994) 1458-1459.
6.- Declaración citada en la nota anterior, nº 3.
7.- JUAN PABLO II, Enc. Evangelium Vitae,99.
8 .- Además de la Declaración ya citada de la Comisión
Permanente, véase XLII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA, Actitudes morales cristianas ante la despenalización del aborto
(28-VI-1985), en BOCEE 7 (1985) 137-142 o Ecclesia 2229 (13-VII-1985);
COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Fe y moral. Documentos
publicados de 1974 a 1993, EDICE, Madrid 1993, 7-13 y COMITÉ EPISCOPAL
PARA LA DEFENSA DE LA VIDA,El aborto. 100 cuestiones y respuestas sobre
la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos (25-III-1991),
en BOCEE 8 (1991) 99-118 o Ecclesia 2524 (20-IV-1991) 604-662 y, como
folleto, en diversas editoriales.
