Libertad religiosa y elecciones

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La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de nuestro país, en su artículo 14, indica que “tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. El artículo 32 enumera posibles sanciones a quien quebrante esta ley: “apercibimiento, multa de hasta veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público, suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa, cancelación del registro”.

Ningún candidato o partido ofrece una reforma en materia de libertad religiosa; al contrario, algunos quieren endurecer más las leyes para “garantizar” el Estado laico, como si quisieran retornar a la Constitución de 1917, o como si vieran en la Iglesia Católica un poder político que amenaza las libertades de los no católicos. Se ve que no conocen legislaciones religiosas de otros países más avanzados en democracia. Piensan que libertad religiosa es lo mismo que libertad de culto y de creencias, ya garantizadas en la legislación actual. Su ignorancia religiosa les lleva a pensar que a Dios se le puede reducir al hogar y a la conciencia personal, y encerrarlo en un templo. Su falta de formación en la fe hace ver que no conocen lo que significa nuestra adhesión a Jesucristo, que engloba toda la vida, también la política, la economía, la educación y hasta el deporte.

JUZGAR

Hay una contradicción en nuestras leyes. Por una parte, la misma Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 2, dice que “el Estado mexicano garantiza a favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: … No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas… No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas”. El artículo 9 establece que las Asociaciones Religiosas podrán “propagar su doctrina, siempre que no se contravengan las normas y previsiones de éste y demás ordenamientos aplicables”. El artículo 31 del Reglamento de dicha Ley, al dar normas sobre el uso de los medios masivos de comunicación, indica que “no se requerirá de la autorización [de la Secretaría de Gobernación], en tratándose de programas informativos o de opinión sobre aspectos en materia de asuntos religiosos”.

¿En qué está la contradicción? La ley actual nos autoriza expresar nuestra opinión en materia de asuntos religiosos; propagar nuestra doctrina; no ser objeto de discriminación por creencias religiosas; no ser objeto de inquisición por la manifestación de ideas religiosas… Pero nuestras creencias incluyen puntos que son atacados por algunos partidos políticos y sus candidatos; los contradicen clara y abiertamente. ¿Ellos sí tienen derecho a destruir valores fundamentales de nuestra fe y hacer campañas en su contra, con el dinero de nuestros impuestos, y nosotros somos discriminados, amenazados y amordazados por defender nuestra fe? ¿Debemos ocultar o disimular nuestra fe, por el miedo de ser sancionados? ¿El cristianismo nada tiene que ver con la política partidista y con el ejercicio del poder público? Quien tal afirme, no conoce lo que es nuestra fe, que engloba toda la existencia, privada y pública, no para imponerla a otros, sino para vivirla con libertad.

El Director General de Asociaciones Religiosas, en su exhorto que nos envió para recordarnos que evitemos hacer proselitismo político, termina diciendo: “Lo anterior, sin menoscabo o perjuicio de los demás derechos y libertades, como la libertad de expresión, garantizados por la Constitución”. ¿Cuál libertad de expresión nos reconocen?

ACTUAR

Es tiempo de elegir legisladores y autoridades que sean audaces y libres, que propongan avances en materia de libertad religiosa. ¡No teman a la Iglesia! Los obispos y sacerdotes no ambicionamos el poder político, sino libertad para ofrecer la luz que hemos encontrado en Jesucristo, sin imponerla a nadie.