Límites de los tribunales humanos

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Límites de los tribunales humanos

Los tribunales existen para impartir justicia. Pero en no pocas ocasiones, la sentencia de los jueces implica apartarse, con mayor o menor gravedad, de la justicia que se pretendía promover, si es que la sentencia no llega a convertirse en una forma sutil y no por ello menos grave de injusticia.

Podemos señalar, entre otras, tres causas que impiden que los jueces sean justos.

La primera consiste en la fragilidad de las pruebas y del sistema judicial. En no pocos casos, el tribunal tiene claro que ha sido cometido un delito. Alguien robó, alguien provocó un incendio, alguien agredió, alguien mató.

La policía investiga, los fiscales buscan pruebas. En ocasiones, aparece un presunto culpable. El proceso inicia, trabajan abogados y jueces para aclarar el caso o, por desgracia, para crear confusión sobre el mismo.

Los jueces deberían emanar sus sentencias sólo cuando haya certeza completa, dentro de los límites humanos, sobre la culpabilidad del acusado. Pero por desgracia no faltan sentencias que se basan sobre hipótesis y posibilidades más o menos convincentes, sin que las mismas sean suficientes para llegar a un nivel de certeza aceptable.

Por lo anterior resulta posible, y ha ocurrido no pocas veces, que un culpable sea declarado inocente por insuficiencia de pruebas; como también que un inocente sea declarado culpable por una errónea apreciación ante las pruebas aducidas, o por un abuso en la interpretación de datos insuficientes y no probatorios.

La segunda causa es más profunda, y atañe a la existencia de leyes y de procedimientos que, en sí mismos, avalan la posibilidad de sentencias gravemente injustas.

Pensemos, por ejemplo, en un país dictatorial que haya impuesto leyes abiertamente contrarias a los derechos humanos. En ese caso, los tribunales pueden funcionar en un respeto más o menos perfecto de la normativa vigente. Pero tal normativa, por estar viciada de raíz, permite que haya sentencias condenatorias que son “formalmente” correctas (se han respetado las normas) pero “sustancialmente” injustas.

Ha ocurrido y ocurre que algún estado ha prohibido o prohíbe la correcta libertad de expresión, o que persigue por ley la manifestación ordenada de las propias convicciones religiosas. Condenar a un católico por declarar en público su fe personal podrá ser un acto técnicamente correcto sin que por ello deje de ser abiertamente injusto.

Hemos de reconocer que lo anterior no sólo ocurre en las dictaduras o en los sistemas autoritarios. Algunas democracias han elaborado y mantienen leyes y normativas que van contra los derechos fundamentales que deben ser garantizados a todo ser humano.

Un ejemplo que por desgracia se ha dado ya en varias ocasiones lo tenemos ante el embarazo de niñas o adolescentes. En algunas ocasiones la joven madre ha mostrado sus deseos de llevar adelante el embarazo, de tutelar la vida de su hijo no nacido. Pero sus padres o tutores, con el apoyo de un juez que respeta la “ley”, la han obligado al aborto: porque la hija está bajo la autoridad de sus padres, y porque el aborto (una injusticia sumamente grave) había sido aprobado por el Parlamento del país o incluso por un referéndum popular.

Otro ejemplo, que contradice en parte el caso anterior, pero que también desvela la existencia de leyes sumamente injustas, se da cuando es la hija adolescente la que quiere abortar en contra de la voluntad de sus padres. No es difícil encontrar a jueces que, amparados en ciertas normativas del propio estado, “suspenden” la patria potestad para que la hija pueda acceder al aborto a pesar de lo que decidan sus propios padres. La decisión del juez podrá estar avalada por normativas más o menos claras, pero nunca leyes que permiten la injusticia del aborto podrán ser capaces de hacer justa la sentencia de un tribunal que da permiso para que una adolescente aborte.

En este sentido, no pocos jueces amantes de la justicia sufren al verse con las manos atadas, al convivir con leyes inicuas. Con un valor profundo y con un compromiso sincero por defender la verdad, sabrán oponerse a normas que promueven el delito, aun a riesgo de perder su trabajo o de arruinar su carrera profesional.

La tercera causa que lleva a la injusticia en el mundo de los tribunales se encuentra en la fragilidad humana. Hay que reconocer que un buen número de jueces, de fiscales, de abogados, trabajan sinceramente por defender la justicia, por tutelar a los inocentes, por castigar de modo adecuado a los culpables. Pero existe la posibilidad de que por sobornos, por ideologías, por deseos de venganza, o por otros intereses turbios, haya en los juzgados quienes busquen la victoria del culpable y la condena de inocentes.

El mundo del derecho, como cualquier ámbito humano, necesita de una buena dosis de responsabilidad, de mucho amor a la justicia y a los derechos humanos más elementales. Desde magistrados honestos y coherentes será posible combatir injusticias que hieren nuestras sociedades. Desde magistrados auténticamente heroicos las dictaduras y las democracias enfermas (las que aprueban leyes injustas, como las que permiten el aborto o la explotación de los trabajadores en contratos claramente dañosos para sus intereses) encontrarán un dique firme que dará valor a otros muchos miembros de la sociedad para salir de sus comodidades fáciles y comprometerse en la defensa de los derechos humanos elementales.

Quizá no exista una justicia perfecta en este mundo. Pero sabemos que sí es posible, en la medida de los límites humanos, un mayor esfuerzo en favor de ella. Habrá, de este modo, menos inocentes condenados, menos culpables sueltos por la calle, y un poco de más orden y respeto hacia quien debe ser siempre el centro de atención de todo sistema judicial: el inocente que pide la tutela de sus derechos.