México: ¿qué se juega con la reforma de la Constitución?

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“La lucha es un deber y no una especulación para los que nos preciamos de católicos. Demos gracias a Dios de habernos otorgado el combate, y no pidamos sobre la gracia del combate la gracia del triunfo a aquel que en su bondad infinita reserva a los que combaten bien por su causa una recompensa mayor que la victoria”, (Juan Donoso Cortés).

Avanza la reforma de la Constitución

El pasado 8 de marzo, el Senado de México aprobó el texto de la reforma constitucional, el cual fue girado, el 23 de marzo, a las 31 legislaturas de los estados mexicanos y a la del Distrito Federal (Estado de México) para ser ratificado. Recordemos que la reforma somete a México al sistema internacional de derechos humanos y, con ello, no sólo a los Tratados y Convenciones, sino también a los dictámenes y observaciones generales de los órganos de seguimiento, los cuales se han encargado de pervertir y tergiversar a favor de la cultura de la muerte el texto de esos documentos internacionales.

La entrada en vigor de la llamada reforma de los derechos humanos, depende de su ratificación por parte de 16 estados federales. Ya han aprobado la reforma 12 estados: Coahuila, Chiapas, Colima, Yucatán, Chihuahua, Campeche, Zacatecas, Quintana Roo, Estado de México, Durango, Sonora y Aguascalientes.

Distintas posturas de la jerarquía eclesiástica

La Conferencia Episcopal alabó la reforma constitucional y llamó a contribuir para darle la debida orientación, con el fin de que se coloque al servicio de la inalienable dignidad de la persona humana y del bien común.

Públicamente sólo el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, viendo el peligro de poner la legislación del país en manos del sistema internacional de derechos humanos reaccionó contra la reforma; dirigió una carta a los obispos disintiendo con lo declarado por la Conferencia Episcopal, y apoyó a los “grupos laicales, que han venido luchando valientemente en defensa de la familia y la vida ante los ataques de las leyes”.

No se dan por vencidos

Justamente, en Guadalajara, la asociación Mexicanos por la Vida de Todos realizó una marcha multitudinaria el 14 de mayo, pidiendo a los legisladores del Estado de Jalisco que rechacen la reforma de la Constitución de México, independientemente de lo que otros estados decidan.

La asociación Mexicanos por la Vida de Todos está conformada por más de 210 asociaciones civiles, educativas, religiosas, de profesionales y otros movimientos sociales.

Las consecuencias de someterse al sistema

El manifiesto de Mexicanos por la Vida de Todos sintetiza claramente las consecuencias de someterse el sistema internacional de derechos humanos.

-“Compromete la Soberanía Nacional. La Reforma hace que los Tratados Internacionales se equiparen a nuestra Constitución. Esto significaría que otros países, Cortes Internacionales o Comités de seguimiento, decidirían qué Derechos Humanos debemos acatar, aunque en realidad no sean verdaderos Derechos Humanos. Actualmente hay grupos luchando para que en los Tratados Internacionales se incluya aborto, alquiler de vientres, matrimonios homosexuales y adopción por estas parejas, entre otros falsos derechos” (…).

-“Cambia el término ‘individuo’ por ‘persona’, lo cual deja que el Estado sea el que interprete, quién es persona. Deliberadamente deja indefenso al niño por nacer, ya que el significado del término ‘persona’ en el sentido en que lo define la Reforma, depende del poder político en turno. Esto abre la posibilidad de despenalizar el aborto en todo el País, aun cuando la mayoría de las Constituciones de los Estados protegen al bebé desde la concepción” (…).

-“Se presta a interpretar equivocadamente los Derechos Humanos. En la Reforma no se define qué es un derecho humano. Para saber cuál derecho es más importante que otro, conforme a esta Reforma, por ejemplo, el pretendido ‘derecho’ de la mujer al aborto, estaría por encima del derecho a la vida del no nacido” (…).

-“Se opone a la libertad religiosa. La Reforma establece que los actos religiosos de culto público pueden ser restringidos o suspendidos” (…).

-“Favorece la intolerancia, restringe la libertad de expresión e incluye la aceptación de comportamientos desviados al contener el término de ‘preferencias sexuales’. Este término no existe en ningún Tratado Internacional, las naciones miembro de la ONU no han admitido su utilización (…) Con esta adición, se generan condiciones para legalizar las uniones homosexuales y la adopción de niños por parejas homosexuales y promueve la incertidumbre jurídica”.

-“Pone en riesgo el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Esta Reforma abriría las puertas para que se enseñe en las escuelas sobre la práctica de la homosexualidad como una opción más para el niño. Se inculcaría además a los niños información sexual explícita desde preescolar, entre otras cosas. Esto se aplicaría por igual en escuelas públicas y privadas, sin que los padres puedan objetar en contra”.

Además, Mexicanos por la Vida de Todos, pidió el rechazo de varios proyectos presentados en el Congreso de Jalisco: de despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación; de divorcio express; de legitimar las uniones civiles entre parejas del mismo sexo; de subrogación de vientres o vientres de alquiler; y de reforma de la ley estatal de salud para permitir el acceso de las adolescentes a la anticoncepción y al aborto, otorgándoles “derechos sexuales”.

Los mismos reclamos los ha hecho, en otros estados, la Coalición Nacional por los Derechos Humanos a Favor de la Vida y la Familia.

Se anularían los blindajes en defensa de la vida humana

Como consecuencia inmediata de la reforma constitucional, que sometería el ordenamiento legal mexicano al sistema internacional de derechos humanos, es de temer que quede reducido a papel mojado el blindaje a favor del respeto a la vida humana desde la concepción que 18 estados mexicanos hicieron en 2009, reformando sus constituciones, para garantizar derecho a la vida de todo ser humano.

Nota del editor: este artículo fue preparado con fecha 17 de mayo de 2011, antes de que se llegase a la aprobación de 17 estados