No a la discriminación y no a los falsos derechos

ImprimirImprimirEnviarEnviarPDFPDF

Con mucha serenidad y en el papel que le corresponde, la Procuraduría General de la República (PGR) ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de las reformas al Código Civil del Distrito Federal sobre los mal llamados “matrimonios” entre personas del mismo sexo y el consiguiente derecho para ser considerados como candidatos a adopción de niños. No podemos sino manifestar un pleno respaldo a las argumentaciones expresadas en dicho recurso jurídico, que ahora deberán ser evaluadas por el más alto tribunal de la nación. 

Dos son los aspectos que sobresalen: el derecho de las personas del mismo sexo para establecer contratos de unidad que ya está plenamente salvaguardado en la figura jurídica de “Sociedades de Convivencia” establecidas desde el 2006 en el Distrito Federal; en cambio, estas reformas se apartan del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974. Lo segundo es el derecho superior del niño, colocado por encima de cualquier otro derecho, además de que todo menor tiene derecho al modelo de familia tal como es concebido en nuestra Constitución Política.

Más allá de ideologías y de derechos inexistentes, la PGR ha puesto el dedo en la llaga: ni hay discriminación a las personas del mismo sexo para establecer contratos de convivencia ni pueden arrogarse derechos que vulneren el derecho de los más pequeños. No se trata de argumentos religiosos, sino jurídicos; no se trata de acuerdos con la Iglesia Católica, sino con la legalidad; no se trata de imposición de ideologías sino de razonamiento en el sentido común y en orden a los principios naturales y éticos de la humanidad y la convivencia social. El matrimonio y la familia no es un asunto de la Iglesia: existe desde siempre, muchos siglos antes de la Iglesia. La defensa de los derechos de los niños no debe estar a discusión y la decisión libre de personas del mismo sexo para convivir en paz no debe confundirse con instituciones que tienen su propia característica y su propia finalidad.

Mucho ayudarían los analistas y medios de comunicación a no confundir el debate en una confrontación entre el Estado laico y las iglesias y valores religiosos. Mucho menos deben confundir esta polémica con una falsa intromisión de la Iglesia que quiere “imponer sus dogmas medievales” (afirmación por demás ridícula), poniendo en “riesgo” al Estado laico. La intervención de la Iglesia en estos temas no lleva de por medio la imposición de sus dogmas religiosos, sino la expresión de sus convicciones en relación a la convivencia humana y la ética y moralidad de nuestras instituciones y leyes. No podemos pasar por alto ni el sentido del matrimonio y la familia ni el respeto a los más pequeños.

Ha dicho al respecto el Papa Benedicto XVI en su mensaje de año nuevo a los diplomáticos que representan a más de 180 naciones ante el Estado Vaticano: Uno de los aspectos que pone en riesgo la realidad y la convivencia humana, “proviene de leyes o proyectos que, en nombre de la lucha contra la discriminación, atentan contra el fundamento biológico de la diferencia entre los sexos”.