Sobre la propuesta de un sistema financiero y monetario con autoridad y competencia mundial

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El Consejo Pontificio Justicia y Paz ha juzgado oportuno la publicación de una nota acerca de la crisis económica que vivimos desde 2008. Se titula: Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal.

El análisis sobre la crisis no tiene nada nuevo, más bien retoma puntos y consideraciones admitidos por la mayoría. Lo que aparece como más atrevido es la propuesta de “una autoridad pública con competencia universal”.

Para someter esta propuesta algo delicada, el texto hace referencia a la encíclica “Pacem in Terris” que ya desde 1963 preveía una mayor unificación de la familia humana con la aparición consecuente de un bien común universal. La realidad de este “bien común universal” parece evidente al día de hoy. Así, Benedicto XVI expresó la necesidad de una autoridad pública mundial que sería ordenada a ese bien común. 

Tal propuesta podría ser fruto de una ideología mundialista o, quizá, un sueño utópico si no se considerase la existencia ya efectiva de un real poder mundial. Un poder que tiene repercusión en personas y comunidades de personas que no son tomadas en cuenta al momento de las decisiones. Al fin y al cabo resulta ser un poder impersonal y muchas veces opresivo que no respeta la dignidad de la persona.

Las pautas ofrecidas por el Consejo Pontificio Justicia y Paz se articulan en torno a tres conceptos claves de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad de la persona, el bien común y el principio de subsidiariedad.

La persona debe ser considerada en toda su dimensión, una dimensión que va más allá de su función en la sociedad y que toma en cuenta su apertura al absoluto, a un “más allá” es decir su trascendencia. Así se expresa el catecismo de la Iglesia católica en el número 1881: «La persona humana es y debe ser el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales».

La posibilidad del bien común manifiesta la presencia de una sociedad civil. Este bien común podría permanecer como solamente “posible” si no se reconoce la existencia de la sociedad a la cual está relacionado o si no se logra realizarlo por carencia de medios o empeño. Es esto que podría suceder si no se reconociera que existe una forma de sociedad civil mundial, y es de este error que el documento quiere prevenir.

Por último viene el principio de subsidiariedad junto con la solidaridad. El principio de subsidiariedad genera una adecuada relación entre las sociedades de orden superior con las de orden inferior; y la solidaridad quiere humanizar la relación entre las sociedades del mismo orden (en este caso los Estados).

La subsidiariedad y la solidaridad son una condición imprescindible para la concepción de una “autoridad pública a competencia universal”. En efecto, el principio de subsidiariedad pide que las sociedades de orden superior no interfieran en las sociedades de orden inferior y, más aun, que las sostengan en caso de necesidad. Es también en virtud de este principio que el documento habla de integrar a las sociedades de orden inferior en el gobierno mundial. 

En fin, el documento mismo reconoce que el camino para llegar es largo y que los pasos han de darse en un clima de máxima libertad de los Estados y de las personas. Pero es un camino necesario sin el cual el poder mundial seguirá siendo impersonal y tecnocrático, o peor: se volverá al servicio de alguna hegemonía mundial